El Tribunal Supremo y la erosión del Estado de Derecho: cuando la ignorancia de la Ley sí exonera de su cumplimiento

por Abel Marín
El desconocimiento de la ley SÍ exime de su cumplimiento

El Estado de Derecho se sostiene sobre principios inquebrantables. Uno de ellos es que la ley se cumple, se conozca o no. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha dinamitado esta certeza al permitir que un jubilado conserve 12.030,84 euros de un subsidio por desempleo percibido indebidamente, bajo el argumento de que no sabía que no cumplía los requisitos. Parece que el principio ahora es que «la ignorancia de la ley sí exonera de su cumplimiento», es decir, «hazte el tonto y no pagas».

Si la ignorancia de la ley empieza a ser una justificación válida, el principio de seguridad jurídica queda en entredicho. Y cuando la ley deja de cumplirse, el caos y la arbitrariedad ocupan su lugar.

Un fallo judicial que institucionaliza la irresponsabilidad

El Tribunal Supremo (Social), en su Sentencia 170/2025, de 5 de marzo, ha confirmado la absolución de un jubilado que recibió un subsidio por desempleo sin cumplir los requisitos. ¿Su argumento? Que el beneficiario no sabía que no tenía derecho a esa prestación.

  • En 2015, el SEPE concedió la ayuda basándose en un certificado del INSS que aseguraba que el solicitante cumplía con los requisitos de cotización.
  • En 2018, el INSS rectificó y afirmó lo contrario: el jubilado no reunía la cotización suficiente para recibir la ayuda.
  • El SEPE reclamó 9.966,28 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) absolvió al jubilado, aplicando la doctrina Cakarevic del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que prioriza la buena fe del beneficiario sobre la aplicación estricta de la norma.
  • Ahora, el Tribunal Supremo ha ratificado esta decisión y desestimado el recurso del SEPE.

En resumen: cuando la Administración se equivoca, el contribuyente lo paga.

Ignorantia iuris non excusat: el principio que está en juego

El Tribunal Supremo ha decidido saltarse uno de los pilares del Estado de Derecho: la inexcusabilidad del cumplimiento de las normas. El desconocimiento de la ley no exonera de su cumplimiento, porque si lo hiciera, la legalidad se convertiría en una cuestión subjetiva, arbitraria y sin aplicación universal.

Este principio evita que el sistema jurídico se convierta en un sálvese quien pueda, donde la responsabilidad se diluye y la impunidad se normaliza. ¿Hasta dónde puede llegar esta jurisprudencia?

  • ¿Si alguien ocupa ilegalmente una vivienda, pero no sabe que es un delito, también se le exonerará?
  • ¿Si un empresario evade impuestos sin ser consciente de ello, también se le perdonará la deuda?
  • ¿Si un funcionario comete irregularidades sin mala fe, también se le considerará inocente?

Este fallo crea un precedente peligroso que puede abrir la puerta a la impunidad sistemática.

Nuevo principio del Derecho: «hazte el tonto y no pagas»

El problema no es el fallo, es el contexto

Este tipo de sentencias no son casualidad. Se producen en un escenario de erosión del Estado de Derecho, donde la ley se interpreta según la coyuntura política y no en función de principios jurídicos sólidos.

  • Cada vez hay menos leyes y menos controles. No se aprueban Presupuestos Generales del Estado (PGE), no se renuevan organismos clave y el poder judicial está colonizado por intereses partidistas.
  • En el pasado, se blanquearon dictaduras llamándolas «dictablandas». Hoy, estamos construyendo una dulce distopía, donde la permisividad y la relativización del Derecho están desmantelando el sistema desde dentro.

El problema no es que este jubilado conserve 12.030 euros. El problema es que con cada sentencia como esta, el Estado de Derecho se vuelve más frágil.

Un país donde la ley se relativiza es un país condenado a la arbitrariedad

El fallo del Tribunal Supremo socava la seguridad jurídica y deja en el aire la inexcusabilidad del cumplimiento de las normas. Si aceptamos que el desconocimiento exonera de responsabilidad, ¿qué impide que mañana se extienda a otros ámbitos?

De hecho la Ley de Menor ya lleva 25 años exonerando de responsabilidad, es decir, que la mitad de la actual población pasó infancia y la adolescencia con sentimiento de impunidad.

El Estado de Derecho no se rompe de golpe. Se desmorona sentencia a sentencia, concesión a concesión, hasta que lo irreparable se normaliza.

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