Artículo 35.1. de la Constitución Española: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo,
¡Qué cosas tienen algunos!
Pues bien, parece que no se aplica, pues no aceptamos los trabajos para los que gustosamente contratamos a inmigrantes, con o sin papeles. Trabajos duros, pesados o poco atractivos, normalmente.
Luego a muchos de esos inmigrantes no somos capaces de asimilarlos correctamente, o que en algunos casos quizás sea imposible por diferencias culturales notorias y evidentes, cosa que tampoco se puede decir, pues no está bien visto, no sea que te llamen racista o te imputen un delito de odio.
Pero no pasa nada, lo arreglamos con más subsidios.
Ciertamente, todos sabemos que con la Ley en la mano y con una buena estrategia de aprovechar las ayudas, subsidios y servicios públicos, en este país y en gran parte de la Unión Europea se puede vivir sin trabajar, parasitando al Estado, si eres de una minoría con mayor facilidad, y no sólo me estoy refiriendo a las étnicas.
No es una gran vida, desde luego, pero es una forma de vida.
Siempre creí en la Justicia, deberes y derechos. Pero las obligaciones no están de moda.
¿Quién no ha conocido a alguien que ha agotado su prestación por desempleo pudiendo trabajar?
¿Quién no conoce a alguien que tiene una incapacidad permanente laboral más que dudosa para trabajar?
¿Y a alguien que no le compensa aceptar un empleo porque con el subsidio se apaña?
Bien, pues todos esos, además suelen tener prioridad en justicia gratuita y sus hijos becas, plazas escolares, comedor, etc…
Y luego nos preguntamos por qué nuestra productividad es muy inferior a la de los países del norte de Europa…
El deber de trabajar debería ser uno de los ejes esenciales de nuestras leyes y de nuestras políticas económicas, es una obligación o deber constitucional. Por cierto, más importante jerárquicamente que el derecho a la vivienda.
